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EL JUEZ DESOYE AL FISCAL Y DECIDE SEGUIR ADELANTE CON LA INVESTIGACION A ISRAEL POR CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD

Fernando Andreu vs Estado de Israel

Redacción Madrid. 4 de mayo. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu está dispuesto a seguir adelante con la investigación a siete militares israelíes, incluido el ministro de Defensa en 2002, por un bombardeo contra un comandante de Hamás en el que murieron éste y otros catorce civiles, en contra del criterio de la Fiscalía.
 
El Ministerio Público solicitó hace un mes el archivo de la querella al entender que la Justicia israelí tiene la competencia para investigar este asunto al tener dos procedimientos abiertos. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, los tribunales españoles están legitimados para estudiar asuntos producidos fuera de nuestras fronteras siempre y cuando en el país de origen no se haya abierto ningún procedimiento.
 
Sin embargo, el magistrado contradice al fiscal Pedro Martínez y sostiene de manera clara y tajante que "no ha existido, ni existe en israel ningún procedimiento judicial dirigido a la investigación" de los hechos denunciados. La Fiscalía puede recurrir la decisión ante el propio juez instructor.
 
Según recuerda Andreu, según los datos aportados por las autoridades israelíes la Fiscalía General Militar, refrendada por el fiscal general y por el Tribunal Supremo, acordó no abrir una investigación criminal sobre la naturaleza y las circunstancias en que se cometió el atentado. Esta decisión se basa, tal y como recoge el auto, en las conclusiones a las que se llega por parte de la investigación interna que el Ejército de Israel realizó.
 
La Fiscalía también alega en su escrito que las autoridades judiciales israelíes han adoptado decisiones que satisfacen "plenamente" el derecho a la tutela judicial efectiva para una justicia "independiente e imparcial".
 
Sin embargo, el magistrado aclara que no comparte este criterio porque, en primer lugar, el fiscal israelí que tomó la decisión de no investigar pertenece a una comisión de investigación nombrada por el primer ministro de Israel y, por tanto, sujeto a la discreción del poder Ejecutivo. En segundo lugar, entiende que ninguna de las decisiones de la Fiscalía o del Tribunal Supremo no entrar a valorar jurídicamente los hechos denunciados.
 
Como colofón, le recrimina al Ministerio Público que afirmar que ya se ha resuelto la falta de responsabilidad penal después de una investigación interna "realizada por aquellos a quienes la justicia pretendía investigar implica la subversión de la prioridad y supremacía del orden y de la jurisdicción penal que se desprende del diseño constitucional".
 

En definitiva, Andreu considera que desde que se cometió el atentado en julio de 2002 no se ha abierto ningún procedimiento penal para investigar un delito que encaja en crímenes de guerra y "buena prueba de ello es que los querellantes, víctimas del ataque preventivo se han visto obligados a acudir a la jurisdicción española para que se proceda a la apertura de una investigación judicial". 

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